La ética pública describe valores aplicables a la conducta de todas las personas que desempeñen una función pública. La integridad en los servidores públicos garantiza un gobierno justo y generador de confianza en la sociedad a la que sirve.
Las tareas y actividades de los servidores públicos están orientadas al bien común, por tanto, se espera que en su accionar, pongan en práctica los siguientes principios:
Disciplina: Obediencia a las normas del país y de su institución. La disciplina por parte del servidor público, es una forma de lealtad institucional.
Vocación de Justicia: Responsabilidad de los servidores públicos de dar un servicio imparcial y equidad a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Vocación de Servicio: Pone en cada servidor público el compromiso con las personas a las cuales sirve. Es agregar valor a lo que hace, va más allá de lo que hace con sus obligaciones, siempre pensando en el bien de los demás.
Probidad: La probidad hace de los servidores públicos una persona congruente con los valores que enarbola la institución. La probidad es sinónimo de honradez. La persona honrada asume ejercer su cargo con honestidad, prevaleciendo siempre el interés público.
Pulcritud: Los bienes del Estado son patrimonio de todos, por tanto, los servidores públicos asumen la obligación y el compromiso de cuidarlos, impidiendo por negligencia o mal uso, su deterioro. Cada servidor está llamado a cuidar y vigilar todo lo que al Estado le cueste dinero, evitándose el uso inadecuado o la sustracción de los mismos.
Se exhorta a los servidores públicos a observar en sus acciones los principios éticos de la fundación pública, contribuyéndose así a brindar de forma eficiente servicios de calidad y fortalecer la credibilidad institucional.
